Toda la verdad sobre la obra de Saulo Torón, o la historia de un gobierno incompetente y tramposo

En estos últimos días hemos asistido a un ejemplo más de cómo no debe actuar un gobierno municipal. No referimos a la obra interminable de la Calle Saulo Torón, que lejos de solucionar los problemas a los vecinos de la zona, lo que hace es que la crispación y la impotencia se adueñen de todos aquellos que, en teoría deberían beneficiarse de la acción del gobierno.

El pasado día 21 de marzo, la televisión canaria, se hizo eco de la situación en la que se encuentran los vecinos a causa de una obra que no termina nunca, y que es la causante de que hayan vecinos que no salgan de sus casas desde el mes de septiembre de 2015. En el programa intervinieron los vecinos afectados y el concejal de obras Ernesto Hernández. Este último acudió con la lección bien aprendida, se nota que lo "adiestró" la todo poderosa alcaldesa que todo lo sabe, y se dedicó, no a dar respuesta a los vecinos, sino a echar la culpa o bien al anterior gobierno de Mogán, o bien al Cabildo de Gran Canaria. Ante estas declaraciones, que insultan no sólo a la inteligencia, sino también a la verdad, hemos decidido acudir al contenido de los acuerdos de junta de gobierno local, donde quedan recogidas las decisiones del gobierno, y que para no cansarles pasamos a resumir de forma gráfica, no obstante y para evitar que nos acusen de manipular la información, y utilizarla parcialmente, vamos a incluir página a página el contenido de los acuerdos que adoptó el gobierno que dirige Onalia Bueno, con el permiso de la concejala del Psoe, Pino González.

Pasamos a relatarles, la verdad documental de la obra de Saulo Torón (acta de la junta de gobierno del 1 de septiembre de 2015):

1.- El 21 de noviembre de 2013, el gobierno del PP, aprueba el proyecto de obra de la Calle Saulo Torón (página 25)

2.- El Ayuntamiento asume la competencia para contratar, ejecutar y realizar el seguimiento de la Obra (página 25).

3.- El 23 de julio de 2014, se adjudica la obra a la empresa "INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS CANARIAS S.L" (página 26).

4.- El 14 de agosto de 2014 se firma el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa ( página 27).

5.- El 13 de enero de 2015, la Junta de Gobierno Local, acepta la resolución del contrato con el Ayuntamiento, por mutuo acuerdo, anulando el contrato el 20 de enero de 2015 (página 27).

Hasta este momento la obra aún no se ha iniciado.

CAMBIA EL GOBIERNO: ONALIA LLEGA AL PODER.

6.- El 2 de julio de 2015, la junta de gobierno local, declara la urgencia del procedimiento para sacar a nuevo concurso la obra de la C/Saulo Torón (página 27).

7.- El 13 de julio de 2015, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia nº 89, el anuncio de la licitación de la obra (página 29).

8.- El 20 de agosto de 2015, se propone como adjudicataria a la empresa: " INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL S.L" (página 31).

9.- El 1 de septiembre se adjudica la obra (página 32).

10.- El 29 de Febrero de 2016, la alcaldesa, Onalia Bueno, firma el decreto nº 499/2016, y le amplia el plazo de ejecución de la obra, en 28 días, hasta el 14 de marzo de 2016. Los motivos para acceder a la ampliación del plazo, es por causas imputables a la administración, es decir, la alcaldesa amplia el plazo porque es el Ayuntamiento, es el grupo de gobierno el que se equivocó, al no haber pedido al Gobierno de Canarias, la autorización para trasplantar tres palmeras.

11.- Al día de la fecha todo sigue igual, y parece ser que la empresa ha solicitado al gobierno una nueva ampliación de los plazos de ejecución.

Hecho este recorrido, que responde a la verdad que reflejan los documentos adjuntos podemos concluir que es cierto que el proyecto, que no la obra, es responsabilidad del gobierno anterior, que también la adjudicaron, pero que por causas que desconocemos, la empresa renunció al inicio de los trabajos, por lo que debemos concluir, que los errores que cometieron, no afectaron a los vecinos de forma directa.

La segunda parte de la "película", es la protagonizada por el gobierno de ciuca-psoe, que adjudicaron nuevamente, en el ejercicio de las competencias a las que no renunciaron, a la empresa que actualmente está realizando todos los trabajos. Además, queda acreditado que ampliaron los plazos de ejecución a la empresa, por causas no imputables al contratista, lo que significa que se amplia el plazo de ejecución, porque fue el ayuntamiento, y el grupo de gobierno de ciuca-psoe, que intenta liderar Onalia Bueno, el que cometió el error de sacar a concurso un proyecto que se olvidó de las palmeras protegidas.

En Mogán, tenemos un gobierno que no gobierna, que prefiere buscar a quien echarle la culpa de su incompetencia, antes que aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Cuando culpan a los demás, lo que hacen es insultar la inteligencia de todos.

Dice el concejal que los culpables de todos los males de la obra son el anterior gobierno y el Cabildo, y nosotros entendemos que miente, por dos razones:

a) El gobierno anterior no es responsable porque fue el gobierno de ciuca-psoe los que adjudicaron el contrato a la actual empresa. Adjudicaron el mismo proyecto.

b)El Cabildo no es responsable, porque le transfirió la competencia para contratar, ejecutar  y realizar el seguimiento de la obra al Ayuntamiento, que aceptó la competencia. Por lo que el único culpable es el grupo de gobierno con su alcaldesa a la cabeza.

Desde aquí queremos decirle a la alcaldesa, y a sus concejales, que la culpa no es del Cabildo, la culpa no es de los anteriores, la culpa es de quienes hoy son los responsables de gestionar este municipio. El pacto de ciuca-psoe, es los peor que le ha ocurrido al municipio de Mogán y a sus vecinos en décadas.

Esperemos que toda esta información les sea de utilidad, y es que el miedo y la ignorancia, sólo se vencen con el conocimiento y la información.

El interventor de Mogán corrige a Onalia Bueno.

Cada día que pasa, estamos más convencidos que Onalia "Bueno", debería llamarse Onalia "Malo". Y decimos esto, porque es ahora el interventor municipal el que enmienda las declaraciones realizadas por la "todo poderosa" alcaldesa, cuando desde Nueva Canarias hicimos público que se había contratado ilegalmente a un despacho de abogados.

La alcaldesa dijo en los medios de comunicación, como en el canariasahora: " por su parte, Onalia Bueno ha sentenciado que en este contrato no hay "nada fuera de la legalidad" y que de lo contrario el interventor y los técnicos habrían puesto reparo. "Viene visado por la intervención municipal", sostiene la alcaldesa moganera, quien explica que para adjudicar un contrato como este primero hay que presentar la propuesta de contratación, después el contrato lo revisa el asesoramiento jurídico, quien da el visto bueno de que se cumplen "todas las bendiciones para ser contratado este gabinete" y después vas a la intervención municipal.

"Si el interventor firma en la reserva de crédito que es apto para contratar los servicios pues la bendición del interventor está. Si no nos ha puesto reparo es que está todo ok", por lo que descarta cualquier ilegalidad de la que le acusa Nueva Canarias. "Eso es lo que dicen ello, nosotros decimos lo contrario". 

Pueden comprobar lo que decimos en el siguiente enlace: http://m.eldiario.es/canariasahora/politica/Nueva-Canarias-Ayuntamiento-Mogan-ilegalmente_0_485402599.html

Pues bien el pasado 1 de marzo, el interventor municipal,  a instancias de la portavoz nacionalista, Isabel Santiago, emitió un informe al respecto, en el que no sólo le da la razón a Nueva Canarias, sino que además, pone de manifiesto que la alcaldesa de Mogán no se entera del procedimiento administrativo, pues según la ley de haciendas locales, no procede la fiscalización de los contratos menores, al contrario de lo que afirmó en prensa la regidora local.

En dicho informe el interventor, explica que la adjudicación incumplía la ley, tal y como afirmó Isabel Santiago, y que para solventar la situación, o se iniciaba un procedimiento de contratación, o éste debía adjudicarse por un importe inferior a los 18.000,00€.

Finaliza el informe del interventor, indicando que se ha dictado un nuevo decreto, el nº 460/2016 que corrige el error, y se adjudica por importe de 17.950,€.

Los hechos ciertos y objetivos, sitúan a cada uno dónde le corresponde, a Isabel Santiago, defendiendo el interés general de todos los vecinos desde la oposición, y a la alcaldesa mal gestionando los recursos públicos desde el gobierno. Lo que nos lleva a concluir que no siempre los mejores son los responsables de gestionar un municipio, sino aquellos que consiguen llegar al poder a costa de lo que sea. 

Desde Nueva Canarias, vamos a seguir fiscalizando y controlando las actuaciones del gobierno de Ciuca-Psoe, el peor que se recuerda en muchos años.

Mogán y sus ciudadanos se merecen algo mejor, algo a la altura del futuro que todos deseamos.

Onalia Bueno: Del cambio al recambio.

Nuevamente nos encontramos ante una expresión más de lo que no debe ser un gobierno para los ciudadanos, y es que un municipio que pedía cambio, se  tuvo que conformar con un triste recambio.

Desde Nueva Canarias, hemos hecho público en el día de hoy el contenido de un decreto, por el que se adjudica un contrato por importe de 18.000,00€, sin respetar los límites que fija la ley. En estos casos, nos encontramos ante lo que la ley define como un contrato menor de servicios, cuya cuantía tiene que ser inferior a esos 18.000,00€ que acabamos de mencionar. El art. 138.3 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, es muy claro, y fija un límite para las contrataciones directas, por lo que todo aquello que no cumpla con este requisito, pasa a requerir de un procedimiento distinto de adjudicación, lo que se denomina procedimiento negociado sin publicidad. 

No es nuestra intención, dar una clase de derecho administrativo, pero hacer esa aclaración es importante para situar el tema que nos ocupa, y es que a pesar de que la ley es meridianamente clara, resulta que el gobierno que dirige, o mejor dicho, intenta dirigir Onalia Bueno, con la complicidad de la invisible aunque camaleónica Pino González, se ha saltado dicho límite, lo que supone que el procedimiento de contratación es ilegal, le guste o no a la Sra. alcaldesa.

Hemos tenido ocasión de leer las declaraciones realizadas por ella, al Canariasahora, declaraciones que no tienen desperdicio alguno, y que ponen de manifiesto que atesora un importante y preocupante desconocimiento del procedimiento administrativo. Resulta que la alcaldesa, cree que cuando el interventor realiza una retención de crédito, lo que hace es fiscalizar el expediente, cuando en realidad, lo único que hace es afirmar que existe dinero suficiente para poder contratar. Se olvida la alcaldesa que al tramitar un contrato menor, no existen pliegos administrativos, que si deben ser fiscalizados por el interventor. 

Este modo de proceder, nos recuerda a los incumplimientos de procedimiento, del anterior alcalde, que tanto criticó y que ahora imita fielmente. La realidad, nos está demostrando día a día, que lo que parecía imposible se ha convertido en realidad, y es que Mogán está peor que antes.

Dice la alcaldesa en sus declaraciones, que este despacho de abogados está desbloqueando proyectos que llevaban parados desde hace unos 20 años. Por la boca muere el pez, ¿cómo es posible que un despacho de abogados, contratados el 4 de febrero, haya conseguido desbloquear lo que lleva paralizado 20 años?, dice el refrán, piensa mal y acertarás. Es imposible que nadie consiga hacer lo que afirma la alcaldesa si no llevase tiempo trabajando en esos asuntos, pero sin contrato. Todas las especulaciones son posibles.

Estos hechos, este modo de gestionar los asuntos de todos los moganeros, ponen en evidencia que Onalia Bueno, y su grupo de gobierno, del que forman parte los socialistas de Mogán, son un recambio que dan continuidad a la estela de Paco González, pues la participación tan defendida por Ciuca y sus socios, se han convertido en un puro espejismo, el respeto a los procedimientos administrativos, sigue brillando por su ausencia, lo que supone a su vez, que Mogán, como proyecto colectivo, siga sin tener claro su futuro.

Es evidente, que la alcaldesa de Mogán, tiene más en común con Rajoy que con aquella que asumía compromisos con los vecinos por las plazas de nuestros barrios. El gobierno de Ciuca-psoe es una tremenda decepción, que ha mentido a los ciudadanos, e incumplido sus promesas electorales.

Ahora Mogán, observa atónito como pierden una nueva oportunidad para construir un modelo de municipio, distinto, donde la regeneración democrática, la transparencia y la participación de todos, en los asuntos de todos, sean la bandera de un nuevo proyecto colectivo. La realidad, la triste realidad es que nada de esto es posible hoy, con un Psoe, cautivo de su falta de coherencia y sus ansias de mantener en la alcaldía a una persona imputada por la comisión de supuestos delitos de corrupción. Dime con quien andas y te diré quien eres, dice el refranero popular. 

Los procedimientos administrativos no están creados para fastidiar a quienes deben gobernar, sino para garantizar a los ciudadanos que sus intereses son gestionados de forma honrada y seria. La realidad pone de manifiesto que quien hace un "cesto hace cientos", y a buen entendedor con pocas palabras bastan.

Estos hechos ponen de manifiesto que Mogán no está en "BUENAS" manos.

EL PAGO DE LOS 5 MILLONES DE EUROS POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN: UNA SOLUCIÓN DESDE NUEVA CANARIAS.

En los últimos días se está hablando mucho en nuestro municipio, sobre el pago de los más de 5 millones de euros a los que los vecinos de Mogán deberán hacer frente, por haber sido condenado el Ayuntamiento a ello.

Muchas y diversas son las opiniones que he oído, y todas tienen algo de verdad y de razón, y otras no las comparto porque ponen de manifiesto no conocer el problema desde sus inicios.

El problema se origina en 1987, no con la clasificación del suelo como urbano por las normas subsidiarias, sino desde que el Ayuntamiento de la época, con sus políticos de turno, acordaron expropiar los terrenos del cementerio a una familia de Mogán.

Toda expropiación, implica, por ley, la consecuente indemnización, por aquello que siendo propiedad de un particular, la administración pública decide convertirse en propietario de los mismos para prestar servicios públicos a los vecinos, par servir al interés general.

El proceso iniciado en 1987, el de la expropiación y el de la clasificación de los terrenos como urbanos, son el origen de esta situación.

Con el paso de los años, la familia expropiada asiste atónita a como el Ayuntamiento no sólo les privó del uso de sus terrenos, sin que además no se realizaban las inversiones previstas en dichos terrenos, y que justificaron la expropiación.

¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros cuando nos privan del disfrute de lo que es nuestro, sin ser indemnizados por ello?. Debemos ser sinceros con la respuesta, pues de ella, podremos comprender como actúan los demás.

Años antes del 2003, la familia siempre mostró su predisposición a negociar con el Ayuntamiento, para llegar a un acuerdo, sobre el precio que debían pagar por los terrenos expropiados. El único alcalde que hizo lo mejor pensando en la defensa del interés general, fue D. Silverio Martín, quien al precio de 6.000 pesetas redujo el coste de lo expropiado.

Posteriormente, y existen documentos públicos que así lo acreditan, ofrecieron al Ayuntamiento la posibilidad de saldar la deuda con el pago en especie en solares, y en metálico. Pero en el año 2003, la capacidad negociadora de los responsables políticos, entre los que se encontraba la ahora alcaldesa Onalia Bueno, hicieron que el problema se enquistara y no le quedase otro remedio a la familia que acudir a los tribunales para defender sus derechos. Lo mismo que haríamos cualquiera que sienta lesionado sus derechos.

Así las cosas, dese el Ayuntamiento se fija un justiprecio, el que ahora debemos abonar todos los vecinos de Mogán, y se establece dicha valoración partiendo de la base, que los terrenos son calificados como urbanos tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Canarias.

Iniciado el camino del jurado de expropiación forzosa, y rechazada la tasación por el Ayuntamiento, sin que alegase en ningún momento del proceso, y eso está recogido en los documentos que conforman el expediente, que se haya incurrido en un error de clasificación de los terrenos, que a todas todas, hoy sabemos que son rústicos.

La familia, volvió a poner de manifiesto su buena voluntad, a pesar de haber sido maltratados durante 25 años, por unos responsables políticos ciego, sordos y mudos, y le dijo al Ayuntamiento que sus terrenos eran rústicos y no urbanos. Pero a pesar de ello, nuestros representantes no hicieron lo debido.

Para no cansarles, al final la justicia le reconoció un derecho a la familia expropiada que ahora debemos pagar todos. Llegados a este punto, ¿qué es lo que debemos hacer?.

La respuesta a esta pregunta la hemos planteado desde Nueva Canarias, desde hace más de 4 años, porque quiero recordarles que esta situación no es nueva, sino que tiene sentencia desde el año 2011.

En una de las sentencias recaídas en este proceso, concretamente la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, de fecha 13/07/2011, respecto del recurso nº179/2010, interpuesto por este Ayuntamiento contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, el Magistrado Ponente recomienda al Ayuntamiento que ejercite la vía descrita en el art. 145.3 de la Ley 30/1992 del PAC, e inicie el procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial, para que los que se equivocaron paguen por su error, error que hoy debemos asumir todos los ciudadanos de Mogán.

Y esta fue la misma propuesta que planteamos desde Nueva Canarias, a través de una moción presentada al pleno en enero de 2012, hace ahora 3 años. La moción fue suscrita por quienes hoy están en el gobierno, y rechazada por el PP. Esto supone que tanto Ciuca como el Psoe, eran conocedores de la situación, por lo que está fuera de lugar que ahora pongan el grito en el cielo.

Centrándonos ahora en el momento actual, desde Nueva Canarias, presentamos en el mes de septiembre de 2015, una segunda moción en la que solicitábamos que dado que el Gobierno de Canarias, dio el visto bueno a que lo rústico era urbano, le corresponde a éste asumir el coste del pago de la deuda. Por ello, planteamos un acuerdo en el que instábamos a la alcaldesa a que solicitara un informe jurídico a la asesoría jurídica municipal, que determinase el camino legal a seguir para reclamar al Gobierno de Canarias el pago de su error.

La propuesta fue aprobada, pero al día de la fecha la alcaldesa no ha cumplido con lo acordado en el pleno, y no ha solicitado ese informe. Pero no queda ahí la cosa, el grupo de gobierno actual, pasó por alto las recomendaciones del interventor, formuladas por escrito en dos informes, uno de marzo (siendo gobierno el PP) y otro de septiembre (siendo gobierno Ciuca), en el que aconsejaba pedir un crédito, junto con otras acciones conjuntas, para pagar todo lo adeudado y evitar que los intereses continuasen creciendo, pues de lo contrario el total a abonar podría llegar a rondar los casi 8 millones de euros.

Ni el PP, de entonces ni el gobierno de Ciuca-Psoe, siguieron las recomendaciones del interventor, por lo que ahora es la justicia la que les dice que como tienen dinero deben pagar en algo mas de tres meses.

Hecho este recorrido, en el que seguro me he dejado detalles en el camino, creo importante centrar el tema en cuestión en varios aspectos:

1.- La familia tiene unos derechos indemnizatorios reconocidos por la justicia.

2.- Existen medios para reclamar la responsabilidad patrimonial de los culpables del error, que permitieron que se llegase a este extremo.

La responsabilidad patrimonial, que es la vía que planteamos por Nueva Canarias, tanto en el 2012, como en el 2015, no ha sido puesta en marcha ni por el PP, cuando tuvo ocasión, ni por Ciuca-Psoe ahora que están en el gobierno, y que era una opción que cuando eran oposición si apoyaron. La realidad de los hechos, pone de manifiesto, que SÍ es posible recuperar este dinero, que existe una vía, la que yo misma planteé en dos ocasiones, al menos, ante el pleno municipal, pero ninguno de los que detentan el poder, ha tenido la valentía de iniciar este camino, para defender los intereses generales de Mogán y de sus vecinos.

No es tiempo de buscar culpables, sino de depurar responsabilidades, para evitar que se use la expropiación como un derecho caciquil, en vez de ser  un medio para mejorar las dotaciones básicas de nuestro municipio.

Desde Nueva Canarias, llevamos años, planteando esta opción como una tercera vía, que surge entre dos gobiernos el del PP y el de Ciuca-Psoe. El tiempo, tristemente nos ha dado la razón, pero no alcanzo a comprender porque los que hoy gobiernan en Mogán no son capaces de defender los derechos de los moganeros, y exigir responsabilidades al Gobierno de Canarias.

Esto tiene solución, pero creo que no hay voluntad política para conseguirlo, el gobierno prefiere entregarse al victimismo, aferrarse al pasado, para justificar su incapacidad, y seguir culpando a quien, ciertamente tiene parte del culpa en todo este lío (me refiero a Paco González), para mientras tanto, asistir atónitos y con la boca abierta, y paralizados por el miedo al qué dirán aquellos que miran decepcionados al gobierno de Ciuca-Psoe.

A todos los que estén interesados en conocer el expediente, les informo que es público, pues ya fue sometido a consideración del pleno, y que sólo tienen que pedirlo por escrito en el registro munici